La polémica en cuanto a la normativa de autocaravanas en Asturias es constante. La regulación de áreas de estacionamiento enfrenta a autocaravanistas, empresarios, ayuntamientos y partidos políticos. El Principado ultima la aprobación de un decreto que, entre otras medidas, obligaría a llevar un registro de usuarios y vehículos en estos recintos. Los autocaravanistas se oponen, y de momento han logrado el apoyo de los partidos políticos en el Parlamento asturiano para votar en contra, pese a que la nueva ley obtuvo el visto bueno en el consejo asesor de turismo, del que forman parte políticos, sindicatos, empresarios y Gobierno.

Tal y como publica el diario ‘El Comercio’, los autocaravanistas cuentan también con el respaldo de los ayuntamientos. Como ejemplo, las palabras que Begoña Cueto, concejala socialista de Turismo de Cangas del Narcea, pronunció para el citado medio de comunicación: «el consistorio presentará alegaciones al decreto. Nosotros no tenemos presupuesto para instalar control en el área». Esta opinión es prácticamente unánime entre todos.

La que, sin embargo, parece que no respalda a los usuarios de autocaravanas es la Fade (Federación Asturiana de Empresarios), que expresó su opinión en ‘El Comercio’: «no es serio ni aceptable que los mismos partidos que en el Consejo de Turismo se mostraron favorables al decreto, luego cambien de opinión». Por ello, anunciaron que les exigirán explicaciones, y muestran su conformidad con la nueva ley que consideran «no sólo da garantía de seguridad, sino también de calidad».

El texto de la discordia se aprobó en diciembre de 2013, tras lo que se inició un periplo de consultas a distintos órganos e instituciones para que le dieran el visto bueno. Mientras tanto, salió una nueva normativa europea y para el conjunto de España que afectaba a los establecimientos turísticos de Asturias, así que se decidió hacer un nuevo decreto pero con este mismo texto para las autocaravanas.

Desde el Club de Autocaravanistas del Principado de Asturias (CAPA) han afirmado públicamente que la nueva propuesta «supondría el cierre de las 31 áreas de autocaravanas» públicas que existen actualmente en la región. Ellos han manifestado su firme rechazo a un proyecto que «no sólo vulnera el mandato del Legislativo asturiano y la autonomía municipal, sino que además atenta contra los derechos de los usuarios de vehículos vivienda, contra el ejercicio de su libertad, que no interfiere para nada en la libertad de los demás, y contra los intereses económicos del conjunto de la región».

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